No es un misterio conocer la difícil situación política por la que estamos pasando, por un lado, tenemos al Poder Legislativo representado por el Congreso Nacional; y por otro lado tenemos al Poder Ejecutivo que básicamente se encuentra representado por el Presidente de la República.
El debate existente en relación a estos dos poderes del Estado, se centra en la diferencia presente entre ideas que están estrechamente marcadas por algunos partidos políticos. Esta discusión se pudo percibir nuevamente hace unas semanas en las que empezó una contienda entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo con respecto a la reforma constitucional que en uno de sus aspectos plantea la eliminación de la inmunidad parlamentaria. En un inicio esta reforma no alcanzó el número de votos necesario para ser aprobada; sin embargo, debido a la presión impuesta por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo se vio en la necesidad de llevar a cabo una nueva sesión en la que se discutiría la ya mencionada inmunidad parlamentaria.
Finalmente, luego de una incesante lucha política entre dos poderes del Estado, se aprobó la reforma constitucional que modifica el art. 93° en el que se elimina lo siguiente: No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del congreso o de la comisión permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son dispuesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente. Por otro lado, se añade que los procesos penales contra congresistas por delitos cometidos durante su mandato parlamentario son de competencia de la Corte Suprema de Justicia.
A manera de reflexión es necesario e importante velar por el bienestar común y por sus intereses, ya que todo Estado está basado en sus individuos y por ende sus intereses deben ser respetados y debatidos a fin de poder lograr un equilibrio.
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