En el Perú se evidencia una gran cantidad de problemas vinculados al crecimiento y desarrollo económico tales como; la inseguridad ciudadana, los altos índices de pobreza extrema, los conflictos internos entre el legislativo y el ejecutivo y así podríamos realizar una extensa lista de las dificultades que el Estado Peruano tiene que afrontar y consecuentemente dar solución.
El Gobierno Peruano a través de las finanzas públicas puede gestionar sus recursos en aras de cumplir con sus fines y objetivos, específicamente satisfacer las necesidades básicas de la población. No obstante, es menester señalar que dentro del Perú, los índices de informalidad ascienden a un 70%, lo que conlleva una afectación a las arcas del Estado y a no tener una base de datos sobre estas personas pertenecientes al ámbito informal. En esa línea, es preciso analizar el Decreto de Urgencia N° 079-2020, cuyo eje normativo aborda en su artículo 2, la labor de brindar un subsidio económico a los transportistas formales que pertenezcan a una empresa debidamente constituida; sin embargo la razón de este artículo arriba en cuestionar el porqué el Gobierno Peruano no propone incentivos como alternativas de solución a efectos de que se fomente la formalidad en este sector mediante políticas sectoriales propuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones implementadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.
A manera de conclusión, lo que se evidencia en lo expuesto por el Decreto de Urgencia N°079-2020 es un abandono total por parte del Estado Peruano hacia el sector informal del transporte terrestre, dentro del cual las personas que lo conforman buscan día a día en un trabajo informal el sustento económico para poder salir adelante.
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