Por: Berenice Espinoza Peña Estudiante de Sexto Ciclo en la Facultad de Derecho
Universidad San Martín de Porres - Lima 2020
La aparición del coronavirus también ha puesto a prueba las capacidades nacionales y locales en todo Perú. Muchas comunidades de acogida enfrentan ahora un sin número de nuevos desafíos que empeoran sus ya precarias condiciones.
Los confinamientos, la pérdida de medios de vida y el empobrecimiento están obligando a muchas personas a depender cada vez más de la asistencia humanitaria de emergencia para sus necesidades de salud, alojamiento, alimentación, protección y educación. El impacto de la pandemia también está provocando un drástico aumento de la violencia de género y las necesidades de salud mental, la inseguridad alimentaria, la desnutrición e incidentes de estigmatización. Además, las crecientes tasas de desalojos también están dejando a muchas personas sin hogar y dependientes del alojamiento temporal proporcionado por las organizaciones humanitarias. Para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que viven en situaciones de irregularidad, la lucha por acceder a los derechos básicos es aún más aguda. Las restricciones de movilidad y las prolongadas pero necesarias medidas de confinamiento han tenido un impacto negativo en la capacidad de las personas refugiadas y migrantes para mantener sus medios de vida y el acceso a bienes y servicios básicos. Muchas personas han perdido sus medios de vida y al mismo tiempo no están incluidas sistemáticamente en los planes de asistencia social que se han establecido para las poblaciones locales.
La terrible situación ha llevado a algunas personas a considerar regresar a Venezuela, a menudo en condiciones inseguras, lo que genera riesgos adicionales de protección y salud. Al mismo tiempo, la cantidad de personas venezolanas que continúan saliendo de su país también ha aumentado en las últimas semanas a medida que se relajan las medidas de confinamiento y las condiciones continúan deteriorándose. Mientras las fronteras permanecen cerradas, estos movimientos tienen lugar principalmente a través de cruces fronterizos irregulares, lo que expone a las personas refugiadas y migrantes a peligros y grandes riesgos de abuso físico y sexual, discriminación, así como a explotación y trata.
A pesar de los desafíos, ha habido ejemplos alentadores de países de acogida que trabajan para garantizar la inclusión de las personas refugiadas y migrantes en las respuestas nacionales a la pandemia al igual que a sus ciudadanos, aseguran las agencias de la ONU. Las personas refugiadas y migrantes también están apoyando estas respuestas y algunas se desempeñan en primera línea como trabajadores de la salud o difunden información dentro de sus comunidades.
Según reportó la Defensoría del Pueblo, el 89% de venezolanos residentes en Perú perdieron su trabajo como resultado directo de la pandemia, el 39% estuvo en riesgo de desalojo y alrededor de 34,000 emprendieron el viaje impensable de regreso a Venezuela[1]. El 71% de los venezolanos empleados en el país trabajaban en los sectores económicos más impactados por la pandemia, como la manufactura, las actividades administrativas, el comercio o el almacenamiento, comparado con el 56% de los peruanos empleados. Para las mujeres, el escenario es aún peor. El 78% de ellas laboraban en estos sectores, una realidad que, según explicó Carlos Scull, embajador venezolano en Lima, que retrata la “sexualización” que sufren ya que son percibidas como más “guapas” y se las consideraba “más aptas para agarrar puestos que eran de contacto con el cliente”. Ya antes de la pandemia, los venezolanos en Perú tenían peores resultados económicos que los peruanos los migrantes forzados ganan un sueldo 35% inferior al de los peruanos, una brecha salarial que se acentúa más aún entre los refugiados que cuentan con educación universitaria, que cobran un 71% menos.
Toda esta situación ha sido observada alrededor del mundo es por eso que, en mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estimó que cerca de 200,000 venezolanos en Perú se encontraban en una necesidad urgente de asistencia alimentaria. Por ello la ONU, no ajena a esta situación, han decidido realizar un Plan Regional 2021 para asi proteger a millones de venezolanos en America Latina. El Plan busca fortalecer aún más las respuestas nacionales y regionales de los gobiernos de acogida mediante el apoyo a las intervenciones de salud, alojamiento, alimentación, agua, saneamiento e higiene, así como el acceso a la educación, la protección y la integración donde se requiere asistencia y experiencia específicas, o donde las propias capacidades de respuesta de los gobiernos se ven desbordadas. La iniciativa reúne a 150 organizaciones involucradas, incluidas agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, la sociedad civil, organizaciones religiosas y el Movimiento de la Cruz Roja.
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[1] Centro para el Desarrollo Global (CGD)
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